Documento reservado del Consejo Superior Peronista 1º de octubre de 1973

Documento reservado del Consejo Superior Peronista 1º de octubre de 1973


Introducción

El asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci el 25 de setiembre de 1973, (53) a tan sólo días del pronunciamiento electoral que le otorgó a Perón 62,7% de los votos, marcó el inicio de la completa ruptura del candidato triunfante con los sectores de izquierda, proceso cuyo primer capítulo se había dado tras la matanza de Ezeiza del 20 de junio. El giro -ya irreversible- de Perón hacia la derecha de su movimiento se evidenció a través de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Lastiri con la anuencia del líder justicialista. Entre éstas cabe destacar la sanción del decreto Nº 1454 del 24 de septiembre, declarando ilegal al ERP, y la prohibición por 24 horas que pesó sobre el diario El Mundo y Canal 9 por haber di-fundido un comunicado de este grupo; (54) la emergencia de un proyecto de modificación del Código Penal que aumentaba las condenas por asociación ilícita o producción de panfletos; (55) la aparición del famoso “Documento Reservado” del Consejo Superior Peronista que llamaba a la “guerra santa”, (56) y, finalmente, las expresas instrucciones del propio Perón a los gobernadores provinciales para que su próximo gobierno transitara dentro de la “más pura ortodoxia peronista”, y para que cada uno de los mandatarios provinciales proceda a “bloque-ar” posibles avances marxistas en sus respectivos gabinetes. (57)

Notas

53). La cuestión de qué sector ha sido responsable del asesinato del secretario general de la CGT José Rucci constituye aún hoy día uno de los puntos más polémicos y oscuros de la histo-ria de este período. De acuerdo con el testimonio de los dirigentes montoneros Alberto Rudni y Mario Firmenich reproducidos por la periodista María Seoane, los responsables del asesinato de Rucci fueron los militantes de la mencionada agrupación izquierdista. Esta versión es bas-tante plausible teniendo en cuenta los serios enfrentamientos ideológicos existentes entre la JP-Montoneros y la “patota sindical” capitaneada por Rucci, que había participado en los suce-sos de Ezeiza en contra de los sectores juveniles izquierdistas y que organizaba patotas para enfrentarse con la JP y JTP, cuyos seguidores procuraban establecer conducciones antiburocrá-ticas en las fábricas que amenazaban el control de la dirigencia sindical en ellas. M. Seoane, op. cit., pp. 281 y 352. Por su parte, los periodistas Eduardo Anguita y Martín Caparrós sostienen también la autoría de Montoneros, citando un informe de la policía federal a Perón según el cual se había utilizado en el atentado un revolver Magnum que había sido robado meses antes en un operativo realizado por Montoneros. E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 187. Sin embargo, según el testimonio del ex capitán del ejército Salvador Paino reproducido por Santiago Pinetta, el asesinato del secretario general cegetista fue provocado por López Rega a través de la Triple A. Ya desde la época del exilio madrileño de Perón, las relaciones entre

López Rega y Rucci eran muy tensas. Rucci no soportaba las continuas irrupciones de “Lopeci-to” en las conversaciones con Perón. Asimismo, y a pesar de la común aversión de Rucci y López Rega por los sectores de izquierda, el secretario general de la CGT representaba un serio obstáculo en las ambiciones de poder del ministro de Bienestar Social. Santiago Pinetta, López Rega: el final de un brujo, Buenos Aires, Abril, 1986, pp. 45-46 y 50. Esta versión ofrecida por Pinetta resulta sugestiva por dos razones: primero, porque evidencia la ilimitada ambición de poder de López Rega, que lo podía llevar a enfrentarse con cualquier figura -de izquierda o de derecha- que no respondiese a sus intereses personales. Segundo, porque la versión de Pinetta permite explicar cómo tras la muerte de Perón y el alejamiento de Gelbard de la cartera económica, López Rega no tuvo ningún empacho en enfrentarse a sus ex aliados, los dirigentes sindicales, en pos del control del gobierno de Isabel Perón.

54). El 24 de septiembre de 1973, el gobierno de Lastiri emitió el decreto Nº 1454 declarando ilegal al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pues “ha desatado contra el gobierno y sus autoridades y diversas instituciones, una campaña de amenazas, difamación y actos concretos de violencia, en abierto desprecio de los valores más sagrados, cuales son las vidas humanas y los derechos de las personas, a las que no vacilan en sacrificar, haciendo así el juego a las más violentas corrientes reaccionarias”. Texto del decreto citado en “El Poder Ejecutivo declaró ilegal al ERP”, Clarín, 25 de septiembre de 1973, p. 21. También “Declárose ilegal la actividad del ERP”, La Nación, 25 de septiembre de 1973, p. 1. Respecto de la prohibición de El Mundo y Canal 9 por difundir comunicados del ERP ver editoriales ”Sancionaron al diario El Mundo y a Canal 9”, La Nación, 29 de septiembre de 1973, pp. 1 y 3. También E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 190.

55). Este proyecto de modificación del Código Penal fue resistido por los partidos de oposición y del peronismo de izquierda -los diputados de la JP-Tendencia (que respondían a Montoneros) renunciaron a sus bancas para no votar el proyecto. E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, p. 247.

56). Texto del “Documento Reservado” citado en La Opinión, 2 de octubre de 1973 y en “¿Y esto qué es?”, El Descamisado, Año 1, Nº 21, 9 de octubre de 1973, p. 2. También E. Anguita y M. Caparrós, op. cit., tomo II, op. cit., pp. 196-198, y J. Godio, op. cit., p. 151.

57). Ver “Perón reiteró las severas pautas a los gobernadores”, La Opinión, 2 de octubre de 1973, p. 1, y “La campaña contra la ultraizquierda. Perón busca objetivos precisos a través de una compleja maniobra”, por Mariano Grondona, La Opinión, 4 de octubre de 1973, p. 1.